La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, creada en 1987, es una de las asociaciones ecologistas con mayor trayectoria y más activas de Asturias. Se organiza mediante asambleas abiertas y periódicas, y se financia exclusivamente a través de donativos. A iniciativa propia o en colaboración con otras asociaciones y personas intenta aportar soluciones a los problemas ambientales de Asturias.

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PostHeaderIcon Alegaciones Ley de Calidad Ambiental (15/09/2021)

Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático.

La Coordinadora Ecologista d’Asturies, con domicilio a efecto de notificaciones postales en la calle Padre Teral nº 26 - Q de Villalegre, en Avilés y con el correo electrónico correo@coordinadoraecoloxista.org, entidad inscrita en el registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el nº 11760 sección primera con CIF - G33247891 y, en su representación, Fructuoso Pontigo Concha, con DNI 11393200-N, ante esta Unidad Administrativa comparece y, como mejor proceda en Derecho,

EXPONE:

Con motivo de la información pública del proyecto de ley de Calidad Ambiental del Principado de Asturias.

1.- Para garantizar la protección ambiental, la Ley de Sostenibilidad y Protección Ambiental debe mantener y no reducir por mandato legal los plazos máximos establecidos en la legislación española como la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE número 296, de 11 de diciembre de 2013) y el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (BOE número 316, de 31 de diciembre de 2016). Es bueno lograr una administración pública ágil y eficaz, pero este objetivo debe conseguirse mediante la vía de la adecuada dotación de medios y recursos a la administración pública y no la simulación ficticia de una mayor rapidez mediante el engañoso recurso del acortamiento legal de los plazos máximos legales. Teniendo en cuenta la precarización en los últimos años de las administraciones públicas debido a recortes presupuestarios y de plantilla (mediante la no cobertura de plazas vacantes), sin garantizar la disponibilidad de recursos (humanos y materiales) adecuados y suficientes para lograr una reducción efectiva de los plazos manteniendo o mejor aún mejorando la calidad de los servicios públicos, la mera reducción legal de los plazos supondrá necesariamente un deterioro cualitativo de los servicios de protección ambiental.

 

2.- Un mecanismo muy eficiente para lograr una buena protección ambiental al tiempo que permite reducir la carga de trabajo de la administración pública ambiental (permitiendo dedicar más tiempo y recursos a otras labores de protección ambiental) es el establecimiento de criterios de zonificación espacial y ordenación territorial que permitan delimitar zonas donde no están permitidas determinadas actividades humanas para preservar valores naturales y humanos como son los hábitats y especies amenazadas y la salud de las personas. Esta estrategia permite la directa inadmisión a trámite de evaluación o autorización ambiental de proyectos en lugares que necesariamente suponen un impacto negativo considerable para el medio ambiente y la salud de las personas (ahorrando recursos de la administración pública) y además es una barrera legal que garantiza que estos proyectos no puedan superar su tramitación ambiental aprovechando debilidades o flaquezas del procedimiento. Este es el enfoque garantista (basado en actividades excluidas y distancias mínimas a núcleo más próximo de población agrupada y otras limitaciones de emplazamiento en relación a las edificaciones próximas y posibles daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria y piscícola) que implementaba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, publicado en el BOE número 292, de 7 de diciembre de 1961) más la Orden de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instrucción por la que se dictan normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (BOE número 79, de 2 de abril de 1963). Lamentablemente, no es el camino seguido por el Anteproyecto de Ley de Sostenibilidad y Protección Ambiental del Principado de Asturias, cuya Disposición Adicional Quinta deroga la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas sin compensarlo con una regulación legal que adopte este enfoque.

 

3.- De acuerdo al Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica (BOE número 25, de 29 de enero de 2010), que establece la obligación de uso de estándares abiertos por las administraciones públicas (Artículo 11), solicitamos la modificación en el texto de la futura Ley de todas las alusiones a “formato digital” por “formato digital usando estándares abiertos de acuerdo al Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, y las Normas Técnicas de Interoperabilidad del Esquema Nacional de Interoperabilidad que de dicho Decreto deriven”.

 

4- En Artículo  9. Difusión  de  la información  ambiental.  c) Los  principales  focos  de  emisiones  contaminantes,  los  índices  de  inmisión  y  de exposición  de  la población  a la contaminación. Solicitamos que se incluya en este punto los indices de inmisión de las estaciones publico y privadas con datos en forma continua.

 

5.- En aras de promover la información pública de la población en general, teniendo en cuenta que el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (BOE número 316, de 31 de diciembre de 2016) establece en su Artículo 16 “Información pública” que el período de información pública “no será inferior a treinta días”,.

 

6.-  El Artículo 40 “Información pública” señala varios plazos de “30 días” y “20 días”. En línea con los argumentos aportados en nuestra Alegación nº 1, con la finalidad de defender que las evaluaciones ambientales realicen un análisis exhaustivo de los impactos ambientales y que ello implica disponer del suficiente tiempo (y recursos humanos) para poder realizar esta tarea de forma adecuada, solicitamos la modificación del Artículo 40 sustituyendo las referencias siempre por “treinta días al menos”.

 

7.- En el Artículo 54 a)  Los valores  límites  de  emisión  para  las  sustancias  contaminantes  y  las  condiciones  para evaluar  su  cumplimiento,  y  en  su  caso,  la  protección  del  suelo  y  de  las  aguas  subterráneas.  “Emisión” es más limitante o reducida de lo deseable en cuanto puede potencialmente excluir algunos contaminantes como otras fuentes de energía no enumeradas que sí son recogidos por ejemplo en la vigente Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE número 275, de 16/11/2007) en su Artículo 3 donde define emisión atmosférica como “Descarga a la atmósfera continua o discontinua de materias, sustancias o formas de energía procedentes, directa o indirectamente, de cualquier fuente susceptible de producir contaminación atmosférica”. Por tanto, solicitamos ampliar  los “limites de emisión” por: “Descarga o expulsión continua o discontinua al entorno, a ecosistemas, a la atmósfera, al agua o al suelo de materias, sustancias o formas de energía procedentes de forma directa o indirecta de fuentes puntuales o difusas de una instalación”.

 

8.- El Artículo 63 “Inicio de la actividad” en su apartado 4 señala “. Transcurrido  dicho  plazo  sin  manifestación  en  contra  del  órgano  sustantivo  ambiental  la instalación  podrá  iniciar  su  operación.  En  caso  de  que  se  formule  oposición  o  reparos,  lnstalación  no  podrá  iniciar  su  operación  hasta  que  se  subsanen  y  se  cuente  con pronunciamiento  expreso  de  conformidad  por  parte  del órgano  sustantivo  ambiental.. Por tanto, solicitamos en el Artículo 63 esta redacción “Si transcurrido dicho plazo no resultan subsanadas, se procederá a la paralización de la actividad hasta la subsanación de los incumplimientos constatados”.

 

 

9.- El Artículo 79 “Coordinación  de  los  procedimientos  de  autorización  ambiental  integrada  y  de evaluación  de  impacto  ambiental de competencia autonómica”. En línea con los argumentos aportados en nuestra Alegación nº 1, con la finalidad de defender que las evaluaciones ambientales realicen un análisis exhaustivo de los impactos ambientales y que ello implica disponer del suficiente tiempo (y recursos humanos) para poder realizar esta tarea de forma adecuada.

 

10.- El Artículo 83 “Informe del organismo de cuenca” señala en su apartado 2 “Organismo  de  cuenca  en el  plazo  de  cinco  días, para  que,  en el  plazo  de diez  días  desde  la  entrada  de  la  documentación  en  su  registro,  informe  acerca  de  si  esta  debe completarse,  continuándose  las actuaciones  en caso  contrario.  En línea con los argumentos aportados en nuestra Alegación nº 1, con la finalidad de defender que las evaluaciones ambientales realicen un análisis exhaustivo de los impactos ambientales y que ello implica disponer del suficiente tiempo (y recursos humanos) para poder realizar esta tarea de forma adecuada, consideramos excesivamente reducido el plazo indicado, y en consecuencia solicitamos la modificación del Artículo 67 sustituyendo “diez días” por “treinta días”.

 

11.- El Artículo 83-7 “Finalizada el tramite de audiencia audiencia y propuesta de resolución”   para  que  en  el  plazo  máximo  de  quince  días manifiesten lo  que  estimen  conveniente.. En línea con los argumentos aportados en nuestra Alegación nº 1, con la finalidad de defender que las evaluaciones ambientales realicen un análisis exhaustivo de los impactos ambientales y que ello implica disponer del suficiente tiempo (y recursos humanos) para poder realizar esta tarea de forma adecuada, solicitamos la modificación del Artículo 83-7 sustituyendo las referencias a “quince días” por “treinta días”.

 

12.- El Artículo 89 “  Las  actividades  sujetas  a  autorización  ambiental  integrada  ordinaria  se  someterán  a  los controles  ambientales  periódicos  que  se  establezcan  en la propia  autorización” no señala ninguna periodicidad mínima concreta, ni señala expresamente que la información de los controles sea pública. Por tanto, solicitamos en el Artículo 89 la modificación del apartado  añadiendo al final del texto “al menos una vez al año. La información de los controles sea pública”.

 

13.- El Artículo 91 “Planificación de las inspecciones”  reclamamos que los resultados detallados de las inspecciones ambientales seán públicos.

 

 

 

14.- El Artículo 101 3-C “Tipificación  de  las infracciones”, “el inicio de la ejecución de un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada sin haber obtenido previamente el informe de impacto ambiental” se considera “grave” y no “muy grave” a diferencia de las restantes autorizaciones y licencias, por tanto solicitamos que el citado punto 3-C sea trasladado a la sección  de infracciones muy graves.

 

15.- El Artículo 101 3-C “Tipificación  de  las infracciones”Incumplir  las  obligaciones  de  comunicación,  notificación  e  información  establecidas  en esta  ley,36. Se considera “grave” lo cual no nos parece justificable, por tanto solicitamos que el citado sea trasladado a la sección de infracciones muy graves.

 

16.- El Artículo 101 . Pedimos que se añada como infración muy grave no informar inmediatamente al órgano competente de cualquier incumplimiento de las condiciones de la autorización o licencia ambiental, así como de los incidentes o accidentes que afecten de forma significativa al medio ambiente.

 

17.- El Artículo  107.  Prescripción  de  las  sanciones.  Dado los numerosos ejemplos existentes de impactos ambientales negativos que han tardado décadas en manifestarse e identificarse su causa, por ejemplo los 36 años en el caso de la contaminación por los vertidos de la empresa petroquímica Chisso en la Bahía de Minamata (Japón). En el Artículo 107 “Las sanciones  impuestas por infracciones  muy  graves  prescribirán  a  los  cinco  años, a  los  tres años  para  las  impuestas  por  las  infracciones  graves,  y  al  año  para  las  leves.    Solicitamos sustituir la redacción  “ El plazo de prescripción de las sanciones previstas en esta ley será de veinte años para las muy graves, de diez años para las graves y de cinco años para las leves”.

 

18.- El Artículo 108 “ Potestad sancionadora” en su apartado 2 criticamos la eliminación de la disparidad de órgano con potestad sancionadora en función de la gravedad de la sanción, y solicitamos como nueva redacción de dicho apartado 2 la siguiente: “2. La competencia para la resolución de los expedientes sancionadores instruidos por la Comunidad Autónoma corresponderá a quien sea titular de la consejería competente en materia de medio ambiente, salvo las relativas al incumplimiento de las condiciones establecidas en la declaraciones de impacto ambiental que corresponderá a quien sea titular de la consejería con las respectivas competencias de inspección.

 

 

Por todo ello SOLICITAMOS que tenga por presentado este escrito y por formuladas las alegaciones que contiene contra dicho proyecto, que se presentan en tiempo y forma, que sean estimadas las mismas y que se modifique en el sentido argumentado el proyecto sometido a consulta, adecuándose a la obligada motivación prevista en la regulación procedimental que es específica y, teniéndome por parte interesada, nos den traslado de la resolución que recaiga en el presente procedimiento administrativo.

 

 OTRO SÍ DICE: Que es preciso una respuesta razonada a estas alegaciones de acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. La falta de respuesta es motivo de nulidad de la tramitación.

 

En Avilés a  de 15 septiembre del 2021

 

 

Firmado digitalmente por Fructuoso Pontigo en representación de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies

 

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